Transiciones ║ Por Víctor Alejandro Espinoza

Primeros pasos

La primera experiencia formal de consulta ciudadana tuvo su momento culminante el pasado domingo 1 de agosto. Este ejercicio deberá evaluarse como un proceso para poder extraer todas sus virtudes y defectos; sobre todo, paradójicamente, pensando en el futuro de la democracia mexicana. Aunque la consulta era para que la gente se manifestara a favor o en contra de juzgar acciones del pasado de “agentes políticos”, el mensaje es para el futuro: la corrupción y otros crímenes no deberán seguir quedando impunes.
La normatividad que permitió instrumentar esta primera consulta fue aprobada apenas en marzo de 2014. La Ley Federal de Consulta Popular permitiría instrumentar lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que había incorporado lo relativo a las consultas en 2012. Sin embargo, a partir de esas fechas, ambas normatividades fueron reformadas en 2019 y 2021 para llegar a este momento de ponerlas en práctica.
Las democracias consolidadas consultan a sus ciudadanos sobre distintos asuntos de interés nacional; pero en México sorprende que todavía haya quien se inconforme porque se lleven a cabo estos ejercicios calificados como prácticas de la democracia directa. En efecto, la primera consulta tuvo que superar muchos obstáculos para llevarse a cabo. En primer lugar, el de la normatividad misma. En efecto, producto de las presiones ejercidas por la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso decidió cambiar la redacción original del artículo 8 de la ley, en el que se establecía que las consultas, como sucede en otros países, se deberían llevar a cabo de manera concurrente con las elecciones. Por ello, se estableció que se “realizarán el primer domingo de agosto”. Las implicaciones de esta mala decisión son que se desaprovecha el enorme trabajo de organización y difusión que se lleva a cabo para realizar una elección. Hoy lo estamos pagando en términos de participación y costos económicos de la consulta.
Otra de las limitantes de la ley es que para que los ejercicios sean “vinculatorios” deberá alcanzarse una participación del 40% de la Lista Nominal. Eso significaba una afluencia a las mesas receptoras de aproximadamente 38 millones de ciudadanos, lo que era prácticamente imposible. Si recordamos que en las elecciones intermedias federales la participación fue de 52%, será muy difícil, que si las consultas no son concurrentes con las elecciones, se alcance el altísimo porcentaje exigido.
Pero a dichas limitantes, se sumaba que el órgano encargado de la organización, el Instituto Nacional Electoral, no podía llevar a cabo la difusión del ejercicio solamente hasta 15 días antes de la jornada. Pero, además, ninguna persona física o moral puede comprar espacios en radio o televisión para promover la consulta. Esto abrió la puerta para que los editorialistas y medios masivos de comunicación tuvieran el monopolio de la difusión, pero en esta ocasión fue en contra de la realización de este primer ejercicio de democracia participativa. Así, fueron los ciudadanos, preferentemente a través de las redes sociales, quienes se convirtieron en los principales promotores de la participación.
Como vimos, era muy difícil que con esos constreñimientos se alcanzara una afluencia importante a las mesas receptoras. Los resultados fueron una participación del 7.11%, es decir, acudieron a manifestarse 6.6 millones de ciudadanos, de los cuales el 97.72% lo hicieron por el Sí y el 1.54% por el No y hubo un 0.7% de votos nulos. Quienes estuvieron en contra de llevar a cabo la consulta sostienen que ésta fue un rotundo fracaso. Hubo incluso quien se atrevió a sostener que las personas que no acudieron fue por “rebeldía”; otros más aseveraron que los ciudadanos mexicanos “son muy racionales” y decidieron que el tema de la consulta no era apropiado o la pregunta era difusa y por eso no asistieron.
Desde mi punto de vista, se trató de uno de los primeros pasos rumbo a una democracia sustantiva, más allá de la democracia procedimental que hemos experimentado desde los años noventa. Claro que hay muchas resistencias a vencer, entre otras, de aquellos que no admiten que las transiciones de regímenes políticos van más allá de cambios en los procedimientos electorales o de quienes hicieron del tema de la transición a la democracia un buen negocio político, económico y académico. Hasta de aquellos “opinadores” ignorantes de la Teoría Democrática pero que se llenan la boca (y los bolsillos) del tema de la “participación ciudadana”, pero que decidieron boicotear este primer ejercicio. Así son los partos democráticos, sin embargo, ya dimos los primeros pasos y muy pronto deberá ser normal que los ciudadanos participen en ejercicios de democracia sustantiva, más allá de las redes sociales.