Urge nombramiento de fiscal para bien de BC
En la política el único lenguaje válido es la congruencia.
Una cosa es tan clara como cierta. Montserrat Caballero, Armando Ayala y Darío Benítez son alcaldes que responden a intereses particulares por encima del proyecto de Nación de la 4T, de los planteamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los habitantes de ciudades que los mandatan y hasta de las buenas costumbres y la lógica.
Se dicen morenistas y lopezobradoristas pero sus intereses están comprometidos con los designios del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
Sombras de la sombra.
Las reformas constitucionales en materia de seguridad responden a la violencia que se registra en la entidad, sobre todo de las ciudades de la Zona Costa, y al fracaso del modelo instrumentado en la última administración estatal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se inscribe en un modelo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las modificaciones a la Fiscalía General del Estado son obligadas para complementar un diseño que beneficiará a la población.
Esa es la apuesta de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Por una parte, la prevención efectiva y real que inhiba los delitos, donde las corporaciones policíacas municipales tendrán que asumir su responsabilidad con los ciudadanos y la fuerza estatal la presencia efectiva y la labor de inteligencia.
Por otra que la FGE deje de ser la simple entidad contadora de los delitos, sobre todo de las víctimas de asesinatos, que investigue y judicialice los actos ilícitos para disminuir la impunidad desbocada en Baja California.
Los resultados abonarán al programa de 50 municipios prioritarios del país, donde se encuentran las ciudades bajacalifornianas y Tijuana encabeza la lista de las más violentas, según el Gobierno de México.
¿Además de sujetarse al interés de Bonilla, sus arrebatos y ralentizar las políticas públicas en favor de la comunidad, cuál es la apuesta de Caballero, Ayala y Benítez?
Los cabildos de Tijuana, Ensenada y Rosarito tienen la palabra.
Ya se pronunciaron Mexicali y Playas de Rosarito.
Están pendientes los cabildos de San Quintín y de San Felipe.
Es tiempo de definiciones que sustituyan lo retrógrada y los acuerdos sostenidos en los sótanos de la política.
A pesar que a partir del primero de enero, entró en vigor la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado, que da marco legal a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y modifica Fiscalía General del Estado, la terna de Marina del Pilar Ávila para que el Congreso local nombre al próximo Fiscal, no se ha presentado, aunque la propia mandataria manifestó que uno de los perfiles idóneos es el del ex titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía, Iván Carpio Sánchez.
Colegios y Barras de Abogados de Mexicali y Tijuana han urgido el nombramiento de quien será el próximo Fiscal durante los próximos 6 años, toda vez que han criticado la ausencia de una estrategia clara en la procuración de justicia tras la renuncia de Guillermo Ruiz Hernández, cuya gestión fue criticada durante la última sesión ordinaria del Congreso local por diputados de MORENA por los resultados negativos.
