Elección Popular de Jueces y Ministros: Controversia y Riesgos

Tijuana, 28 de junio 2024.- Como un gran riesgo es como califico el Presidente de la Barra Mexicana de Abogados en Baja California, Leonardo Abarca Jiménez las propuestas de reformas al Poder Judicial anunciadas por el ejecutivo federal.

“El pasado 5 de febrero de 2024, el presidente López Obrador presentó el “Plan C”, un conjunto de iniciativas que proponen reformas significativas al poder Judicial Federal mexicano. Entre las propuestas más controversiales se encuentra la elección mediante voto popular de Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta medida, plantea serias inconveniencias y riesgos para la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial”, expresó.

Agregó que la propuesta ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica y entre los observadores políticos. Y recordó que actualmente, los Jueces de Distrito y Magistrados son seleccionados mediante exámenes y concursos de oposición, asegurando que sus nombramientos se basen en méritos profesionales y conocimientos jurídicos especializados. “Este sistema, aunque no exento de críticas, garantiza una cierta independencia de criterio en las decisiones judiciales”, dijo.

Alertó que en contraste, la elección popular podría socavar este principio fundamental de independencia judicial ya que los candidatos, en lugar de ser evaluados por su competencia jurídica, podrían verse obligados a satisfacer las preferencias políticas del electorado, situación que podría llevar a una politización de la justicia, donde los Ministros electos estén más inclinados a tomar decisiones basadas en la popularidad o en intereses particulares en lugar de en la interpretación objetiva de la ley.

“Además, la necesidad de financiamiento para las campañas electorales de los candidatos a Ministros podría abrir la puerta a la influencia indebida de intereses económicos o políticos. Este riesgo aumenta cuando se considera la posible intervención de grupos de poder o incluso la delincuencia organizada, comprometiendo seriamente la imparcialidad y la integridad del sistema judicial”, alertó el especialista.

 

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