Buscan beneficio de hijos de mujeres privadas de la libertad
Ciudad de México, 26 de diciembre de 2022.- En la búsqueda de que las mujeres privadas de la libertad tengan derecho a recibir los insumos necesarios para mantener la higiene de sus niñas y niños, la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) impulsa iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Junto a ella, propone que la autoridad penitenciaria garantice que en los centros de reclusión para mujeres haya espacios adecuados para que las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad vivan en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral.
Hay 392 menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros federales y estatales, de los cuales 50.5 por ciento son niños y 49.5 por ciento niñas, “viviendo en un entorno marcado por la precariedad, debido a que ninguna prisión es un espacio digno para que ellas y ellos puedan desarrollarse de forma adecuada”.
La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 10 y 36, así como en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (conocidas como las Reglas de Bangkok), se establecen los lineamientos sobre el correcto tratamiento de las mujeres en prisión y sus hijas e hijos, entre los cuales se destaca que los centros penitenciarios deben contar con instalaciones apropiadas para ellas, artículos para satisfacer sus necesidades de higiene personal, servicios de atención médica y acceso a una alimentación apropiada.
También, que debe existir perspectiva de género que permita garantizar sus derechos y evitar tratos indebidos, por lo que el Sistema Penitenciario está obligado a responder con flexibilidad en pro de las mujeres embarazadas, lactantes y mujeres con hijas e hijos, mediante la habilitación de servicios y espacios para el cuidado de las y los niños que vivan dentro del centro o que las visiten.
De acuerdo con el reporte realizado por la organización no-gubernamental Reinserta, solo en algunas prisiones mexicanas se cuenta con dos tipos de servicios especializados para madres y sus hijas e hijos: áreas de maternidad y espacios para la educación temprana de las y los niños.
Para 2019 se contaba con un registro de 11 áreas de maternidad en todo el país y San Luis Potosí fue la entidad federativa con más áreas de maternidad, mientras que Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, solo contaban con una.
La exposición de motivos de la iniciativa destaca que existen 27 espacios de educación temprana para las y los hijos de mujeres privadas de su libertad que se encuentran en Michoacán (12); por su parte, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Yucatán tienen dos: mientras que Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, estado de México, Querétaro y Veracruz, cuentan con uno.
Considera preocupante que los centros penitenciarios de los demás estados del país no cuenten con condiciones aptas para que niñas y niños menores de 3 años vivan con sus madres, por lo que deben ser separados al momento de su nacimiento, lo que vulnera tanto los derechos de las mamás, como los de sus hijas e hijos.
Por ello, añade, se busca modificar el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de garantizar que las hijas e hijos que se encuentran con sus madres dentro de los centros penitenciarios, vivan en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° constitucional.
