Transiciones || Representación política de la diáspora
La Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, del Instituto Nacional Electoral (INE), organizó este lunes 9 de diciembre una mesa de diálogo llamada “Acciones en favor de la representación política de la comunidad migrante en México”. Nos dimos cita académicos, funcionarios electorales, líderes sociales de México y Estados Unidos, diputadas migrantes del Congreso federal y de Zacatecas, así como funcionarios de la cancillería. Fue una reunión sumamente productiva, en torno a uno de los temas emergentes en las ciencias sociales en México: la extension de los derechos políticos de los migrantes.
México cuenta con una de las diásporas más grandes a nivel mundial. Tan solo con la cantidad de paisanos o personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos (donde se localizan el 97% de nuestros compatriotas) estaríamos hablando del tamaño de población de algunos países de América Latina o de Europa. Se trata de una población cercana a los 35 millones de personas, de las cuales 12 millones nacieron en México. Garantizar los derechos politicos por excelencia (votar y ser votados) es un verdadero desafío para el gobierno y los órganos electorales.
Como sabemos, los derechos politicos son derechos humanos y éstos no se pueden limitar o dar marcha atrás. Por ello, en 1996 con la reforma constitucional que permitió el poder votar fuera del distrito de residencia, se abrió la puerta para el voto desde el exterior. Entre 2006 al día de hoy, se ha acumulado una gran experiencia del sufragio extraterritorial. Hemos tenido ya 3 elecciones presidenciales, 1 de senadores, 2 de diputados federales de Chiapas y una de diputados de representación proporcional en Jalisco. Pero a nivel local se han multiplicado los casos desde que en 2007 tuvieran lugar los comicios en Michoacán. En 15 estados de la República se han llevado a cabo 20 elecciones de gobernador desde el exterior.
Pero además, ya se anuncia que en 2021 habrá elecciones para gobernador en 9 estados (1 más si prospera la decisión de la SCJN de una gubernatura de 2 años para Baja California; ya que el diputado Luis Moreno ha presentado recientemente la iniciativa para que los bajacalifornianos en el exterior se sumen al conjunto de entidades que eligen a su gobernador desde fuera). Estaríamos hablando de 21 entidades con sufragio extraterritorial. Las que tendrían la experiencia por primera ocasión, serán: Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Baja California.
La discusión ya no puede ser si los paisanos tienen derecho al voto o no. Ahora se trata de encontrar las mejores vías para que lo puedan hacer en mayor proporción. Desde luego que hay consenso en que el voto electrónico, contemplado en la normatividad desde la reforma de 2014, es una modalidad que tendrá que instrumentarse a partir de 2021. Y todo indica que será a través de Internet. Pese a que las urnas electrónicas ofrecen mayor confianza a los electores (esto probado en diferentes experiencias internacionales) en términos de seguridad, rapidez, comprobantes de votación, etc, requieren ser operadas en quioscos o en centros de votación similares a las casillas, lo cual lo hace más complejo.
Pero sin duda, uno de los desafíos mayores es cómo garantizar la representación de los migrantes en los gobiernos locales o federal, sobre todo en los congresos. Esa es una discusión que estamos llevando a cabo. Porque los migrantes hoy demandan ser sujetos activos y pasivos, es decir poder votar y ser votados. Además, hay entidades con una gran tradición migratoria en la que sus diásporas aspiran a participar en los gobiernos municipales. Los retos son enormes tanto para los órganos locales electorales como para el INE. Uno de los beneficios importantes de la participación de nuestros migrantes en el Congreso federal mexicano es que obtendrán una doble representación e interlocución. Ya que los diputados son representantes de todo el pueblo podrán demandar extensión de derechos y mejores condiciones de vida tanto al gobierno mexicano como al norteamericano, en este último caso a nombre de México. Es parte de la nueva realidad de nuestro país frente al mundo.
