Declaran inválida la llamada ‘Ley Bonilla’
Los 11 ministros advirtieron que el Congreso del estado de Baja California modificó de forma ilegal la norma local, lo que atentó contra la Constitución federal y los principios democráticos
CIUDAD DE MÉXICO.
Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la llamada Ley Bonilla que ampliaba de 2 a 5 años el periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
En sesión remota, al resolver seis acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los 11 ministros advirtieron que el Congreso del estado de Baja California modificó de forma ilegal la norma local lo que atentó contra la Constitución federal y los principios democráticos.
En su posicionamiento a favor del proyecto del ministro José Fernando González Franco, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar, calificó el actuar de las autoridades locales como un fraude a la Constitución con efectos corruptores.
“Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas, por si mismas, serían suficiente para decorar la invalidez de la reforma impugnada, pero apreciadas en su conjunto e interrelacionadas ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional.
“Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular usando la constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manejar tajante el principio democrático”
Advirtió que las violaciones constitucionales de esta entidad no se pueden convalidar “con supuestas encuestas ni apelando a la emergencia sanitaria por la que atravesamos”.
El ministro ponente, José Fernando González Franco, precisó que el Congreso de BC violentó la certeza electoral al modificar el período de gobierno que ya se encontraba establecido desde la convocatoria a elecciones y además, lo publicó fuera de la norma de 90 días antes del inicio del proceso electoral.
“No puede sostenerse que exista una elección democrática de gobernantes sin el conocimiento certero del límite temporal por el que ejercerán el poder público con la consecuente certidumbre que tiene el electorado respecto a la renovación futura de los cargos”
En tanto, los ministros Yazmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis Alcántara Carrancá, quienes llegaron a la Corte a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en este último año, también coincidieron en que el congreso de Baja California llevó a cabo una afrenta a la democracia al modificar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla y pretenderlo llevar hasta 2024.
“Esta resolución sobre las leyes de Baja California es un precedente que estamos sentando para evitar que cualquier autoridad municipal, estatal o federal, cambie el sentido del voto recibido y se perpetúe en el cargo con maniobras legales”, sostuvo la ministra Yasmín Esquivel.
Luego de la votación que dio formalidad a la resolución, los ministros aprobaron un considerando para que no exista “vacío legal” en Baja California con esta decisión y que prevalezca la normativa que aplicaba hasta antes del inicio del proceso electoral de la entidad que tuvo como punto culminante la votación del 2 de junio de 2019.
La SCJN otorgó un plazo de 4 meses para que el gobierno de Baja California haga las modificaciones pertinentes a fin de que la administración de Jaime Bonilla concluya el 31 de octubre de 2021.
